Hasta en las minas hay niveles

Dado que las actividades mineras inevitablemente conllevan daños ambientales y de salud para la población y el país, existe una tensión permanente entre las comunidades y las compañías mineras que quieren explotar minerales. La resolución de este tipo de conflictos en México depende crucialmente de la capacidad de movilización social de la comunidad y de su relevancia económica frente al Estado.

Dicho de otra manera. El éxito o el fracaso de un proyecto minero depende de la capacidad política de las comunidades de defender su hábitat. Los procesos de extracción de metales del mineral se encarecen de manera considerable y se convierten en no viables si se exige a las mineras respetar las normas ambientales.
Cuando pensamos en comunidades indígenas, su capacidad de llegar a cambiar los dictámenes de impacto ambiental o de interponer recursos de revocación de concesión son escasas o nulas: éstas comunidades en los hechos no tienen representación en nuestro sistema "democrático" -entre comillas- y la ley minera se aplica rigurosamente cuando favorece a las mineras, pero se interpreta y regatea cuando favorece a las comunidades indígenas.

Un caso concreto en donde se puede ver el trato diferenciado del Estado lo tenemos en San José del Cabo, en donde importantes intereses hoteleros se han movilizado para detener los trabajos de la minera la Concordia, pues ésta tenía la intención de lixiviar su mineral con Cianuro, poniendo en riesgo las reservas acuíferas de la zona.

Ahí, las protestas condujeron a que inmediatamente el congreso local pusiera en agenda la actualización de las leyes ambientales, y un buen número de representantes populares inmediatamente endosaran la posición anti minera.

En estos mismos días se estará tomando opinión en las comunidades afectadas del Estado de Baja California Sur. Habrá asambleas el 8 de febrero en el municipio de Los Cabos, el día 9 en La Paz, el 10 en Comondú, el 11 en Loreto y el día 12 de febrero en el municipio de Mulegé. Por otro lado, aquí en Jalisco o en los estados de Chiapas o San Luis Potosí, por ejemplo, en donde las comunidades se encuentran aisladas y marginadas... Silencio legislativo, silencio del ejecutivo, silencio.